En otro acto más del gobierno hecho a la medida de las grandes corporaciones que hoy definen la situación económica, social, ambiental y alimentaria de nuestro país, el Gobierno Nacional declaró en la voz de Anibal Fernández la emisión de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para fijar los pagos por derechos de propiedad en la semilla y crear un registro de uso propio.
Este anunciado DNU, avanza sobre un tema que viene recibiendo las críticas y el rechazo de cientos de organizaciones sociales, de trabajadores, de agricultores, campesinos y pueblos originarios, así como de académicos y de diferentes sectores políticos. Estos múltiples sectores resisten la apropiación de los bienes comunes de la naturaleza. Porque estos “eventos biotecnológicos” sobre los que estas empresas reclaman derechos de propiedad, son una apropiación de los saberes ancestrales que provienen de 10.000 años de agricultura. También es importante remarcar que la semilla de soja transgénica que originó la disputa es el primer eslabón de un modelo agrícola que está teniendo dramáticas consecuencias socio-ambientales a partir de la imposición del paquete tecnológico de empresas como Monsanto: drástica disminución de la biodiversidad, desertificación de nuestros suelos, contaminación de suelos y acuíferos con pesticidas, aumento de enfermedades letales en las poblaciones que conviven con las plantaciones y los silos, expulsión de la población rural de sus territorios.
Los anuncios realizados incluyen la creación de "un fideicomiso para el fomento de la biotecnología en el país a través del cobro de un canon tecnológico” y “que todos los pagos por derecho de propiedad deben realizarse en la semilla, además de crear un registro de uso propio". En primer lugar este proceso implica modificaciones a la Ley de Semillas vigente a través de un DNU violando los debidos procesos democráticos para una modificación de este estilo. En segundo transforma en un privilegio el uso propio de las semillas, algo que es un derecho.
Con la excusa de combatir la “Bolsa Blanca” (la venta de las semillas de soja como grano por parte de productores) se plantea haber llegado a un “consenso” para impulsar este DNU. Lo que se olvidan los sectores involucrados es que la “Bolsa Blanca” ya es ilegal con la actual Ley de Semillas y fue la herramienta con la que ilegalmente se logró expandir la soja transgénica a partir de 1996. El “consenso” alcanzado no es tal ni representa a todos los sectores de la sociedad. Es solo el consenso del agronegocio para seguir imponiendo sus pretensiones.
En palabras de A. Fernández, el DNU viene a “poner un fin a tantos años de discusión" (sic). Con la sorpresa todavía de esta noticia, las organizaciones y referentes sociales abajo firmantes, le decimos al Gobierno Nacional NO a cualquier decreto y a cualquier normativa que intente avanzar sobre la privatización de nuestros bienes comunes.
- Exigimos la apertura de un amplio debate público, como el que desde esta Campaña venimos impulsando desde hace años, para que sean los intereses de nuestro pueblo los que se privilegien y no los intereses de las corporaciones.
- NO a los Derechos de Propiedad Intelectual y a la apropiación de las semillas por las corporaciones.
- NO queremos ningún registro de pequeños agricultores exceptuados. El uso propio es un derecho y no un privilegio. LIBRE CIRCULACION DE SEMILLAS!!!
- No queremos una industria nacional de semillas transgénicas.
Solicitamos el fomento a las semillas nativas y criollas y la soberanía alimentaria
Campaña contra la Nueva Ley Monsanto de Semillas
Adhesiones a: noalanuevaleydesemillas@gmail.com
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