Syngenta propone una “tarifa social sojera” para el uso propio de semillas.
nueva Ley de Semillas, que el Gobierno promete sancionar este año, parece que generará mucho debate. Recientemente, en Córdoba los CEOs de la mayoría de las firmas proveedoras de biotecnología reclamaron un marco legal que proteja las inversiones y luego se sumó el pedido de un “marco moderno” para esta normativa, de parte del director general de Syngenta para Latinoamérica Sur, Antonio Aracre.
En el marco del congreso “Resiliar” de Aapresid, Agrovoz entrevistó a Aracre para conocer con mayor profundidad cuál es su planteo con respecto a la nueva Ley de Semillas. El ejecutivo hizo hincapié, entre otras cosas, en eliminar el uso propio gratuito, exceptuando a pequeños productores y agricultores familiares a los que se beneficiaría con una suerte de “tarifa social sojera”. Y coincide con la necesidad de fortalecer el rol del Instituto Nacional de Semillas (Inase).
- El Gobierno prometió sancionar la nueva Ley de Semillas este año. ¿Ya fueron consultados?
- Me encontré con gente del Ministerio de Agroindustria que me comentó que están empezando a pensar en hacer reuniones con distintos actores de la cadena agroindustrial y de la sociedad para conocer las opiniones de cada una de las partes. Nosotros hemos pedido la semana pasada una reunión con el ministro para poder plantearle nuestra posición.
- ¿Cuál es esa posición?
- Que Argentina tiene una oportunidad histórica para implementar un marco jurídico que nos ponga a la palestra de lo que son los dos “tigres” más importantes para producción e industrialización de soja en el mundo, que son Estados Unidos y Brasil. Nosotros tenemos la oportunidad de ser el tercer “tigre”, generando una agroindustria que puede atraer más de mil millones de dólares de inversión y sumar 100 mil puestos de trabajo.
- ¿Cómo se compone ese cálculo?
- Hoy se siembran 20 millones de hectáreas de soja, en las que existe sólo un mercado de tres o cuatro millones con semillas mejoradas. Si cada uno de los 700 u 800 multiplicadores distribuidos por todo el país tuviera que adaptar su capacidad no para esas tres millones de hectáreas, sino para las 20 millones, debería invertir entre 800 mil y 1,5 millones de dólares, y tendría que tomar 20, 30 o 50 empleados que procesen y traten esas semillas. ¿Cuántos sectores pueden generar eso? Es una ventana de oportunidad que la sociedad, más allá del agro, tiene en las manos. Por eso es una decisión urgente, no sólo del agro, si no de la sociedad entera que tiene que definir las prioridades para generar industria y empleo en Argentina.
- ¿Qué necesita entonces la nueva Ley de Semillas para transformar a Argentina en el tercer “tigre” mundial?
- Básicamente, generar la suficiente atracción en la inversión que haga que este efecto multiplicador de la inversión y el empleo se produzca. Y eso se traduce fácilmente en cinco palabras: eliminación del uso propio gratuito. No hay mercado, país civilizado del mundo, donde las inversiones se sustenten con uso propio gratuito como el que tenemos en argentina. Hace 50 años atrás, cuando la siembra era otra, y hasta la ciencia también era otra, esto se podía entender: pero en el contexto actual en que la ciencia dice que se pueden lograr crecimientos de rendimiento sustentables y significativos, pero que requieren cientos de millones de dólares para lograr nuevos trade tecnológicos que combatan malezas resistentes o una nueva molécula para luchar contra las enfermedades de fines de ciclo, esas inversiones necesitan un marco tecnológico que las contenga.
- El tema del uso propio gratuito es lo que más defienden las entidades de productores. Es un planteo para la polémica...
- Yo diría que la discusión debería desactivarse de la siguiente manera: la Ley debería establecer cuál es es el porcentaje de productores que no pueden, por su tamaño mínimo o por su condición de productor familiar, que puede ser 15, 20 por ciento, pagar la tecnología y entonces se impondrá una tarifa social sojera para que esos productores queden excluidos. Y el resto tendrá la opción de quedarse con las viejas tecnologías y no subirse al tren, o subirse y pagar por las nuevas tecnologías, que las pagarán si les beneficia en la rentabilidad o si no se quedarán con las tecnologías viejas.
- ¿Cómo lograr controlar eso?
- Tiene que ir un inspector y preguntar: “Señor productor, ¿usted sembró soja? ¿Está comprendido entre las excepciones para tener la tarifa social para uso propio?” Si la respuesta es afirmativa, perfecto. Si no, que muestre la factura que certifique que compró una semilla y la declaración de uso propio oneroso. Si no la tiene, que pague una penalidad que equivalga a dos veces lo que habría que tenido que pagar si hubiera hecho las cosas bien. Y automáticamente no habría más problemas.
- De allí se desprende que es realmente clave fortalecer el rol del Inase…
- Sí, pero con un marco en el que se le facilite la fiscalización.
Fuente Agrovoz.
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